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Ampliando la investigación previa para aportar la prueba de que las células madre humanas pueden ser genéticamente modificadas para atacar a las células del VIH, un equipo de investigadores de la UCLA (Universidad de California) ha demostrado que estas células pueden atacar células infectadas por VIH en un organismo vivo.
El estudio, publicado el 12 de abril en la revista PLoS Pathogens, muestra por primera vez que células madre modificadas genéticamente pueden formar células inmunes que ataquen al VIH de manera eficaz para suprimir el virus en los tejidos vivos en un modelo animal, dijo el investigador principal Scott G. Kitchen, un profesor asistente de medicina en la división de hematología y oncología en la Escuela de Medicina David Geffen en UCLA y miembro del Instituto del SIDA de UCLA.
“Creemos que este estudio sienta las bases para el uso potencial de este tipo de enfoque en la lucha contra la infección por VIH en individuos infectados, con la esperanza de erradicar el virus del cuerpo”, dijo.
 En la investigación anterior, los científicos tomaron los linfocitos T CD8 citotóxicos como el “asesino” Las células T que combaten las infecciones, desde una persona infectada por el VIH e identificado la molécula conocida como receptor de células T, que guía a las células T para reconocer y matar células infectadas por VIH. Sin embargo, estas células T, mientras son capaces de destruir células infectadas por VIH, no existen en grandes cantidades suficientes para eliminar el virus del cuerpo humano. Así que los investigadores clonaron el receptor y lo utilizaron para modificar genéticamente las células madre de la sangre. Se colocan entonces las células madre modificadas en el tejido humano que habían sido implantados en ratones, lo que les permite estudiar la reacción en un organismo vivo.
Los investigadores también descubrieron que los receptores específicos de las células T tienen que ser adaptados a un individuo en la misma forma que un órgano se adaptada a un paciente de trasplante.
En este estudio, los investigadores diseñaron en forma similar las células madre y descubrieron que pueden formar células T maduras que pueden atacar el VIH en los tejidos donde el virus reside y se replica. Lo hicieron mediante el uso de un modelo de sustitución, el ratón humanizado, en el que la infección por VIH se asemeja mucho a la enfermedad y su progresión en los seres humanos.
En una serie de pruebas en la sangre, el plasma y los órganos de los ratones, los investigadores encontraron que el número de CD4 “ayudante” de las células T – que se agotan como resultado de la infección por el VIH – aumentaron, mientras que los niveles de VIH en la sangre disminuyeron. Las células CD4 son glóbulos blancos que son un componente importante del sistema inmunológico, ayudando a combatir las infecciones. Estos resultados indican que las células modificadas son capaces de desarrollar y migrar a los órganos para combatir la infección allí.
Sin embargo, los investigadores denotaron una debilidad potencial en el estudio: las células inmunológicas humanas podrían ser reconstituidas en un nivel inferior en los ratones humanizados de lo que harían en los seres humanos, y como resultado, los sistemas inmunes de los ratones eran en su mayoría, aunque no por completo, reconstruidos. Debido a esto, el VIH puede mutar de manera más lenta en los ratones que en huéspedes humanos. Por lo tanto el uso de receptores múltiples durante la modificación de las células T puede ser una manera de ajustar las células para el mayor potencial de mutación del VIH en los seres humanos.
“Creemos que este es el primer paso para desarrollar un enfoque más agresivo en la corrección de los defectos en las respuestas de células T humanas que permiten al VIH persistir en las personas infectadas”, dijo Kitchen.
Los investigadores ahora comenzarán a hacer receptores de células T que se dirijan a diferentes partes del VIH y que podrían ser utilizados en los individuos genéticamente más coincidentes, dijo.
Los Institutos Nacionales de Salud contra el VIH / SIDA de California, el Instituto de California de Medicina Regenerativa, el Programa de Investigación de la Universidad de California y las iniciativas del Centro de California para el descubrimiento de medicamentos antivirales, y el Centro de UCLA para la Investigación del SIDA (CFAR) financiaron este estudio.
A nadie se le escapa ya que la mayoría de la población puede considerarse afectada por el virus que provoca la enfermedad del Sida. Infectados y no infectados con el virus del VIH hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, nuestras relaciones sociales y enfrentar nuestros miedos para parar algo que es, incluso más terrible que la propia enfermedad en si, la discriminación.
Lamentablemente y afortunadamente por otra parte la vacuna contra el Sida está mucho más cerca que la vacuna contra la discriminación.
Los científicos que publicaron los éxitos de una nueva vacuna contra el VIH en 2009 publican ahora los resultados de un estudio que muestra la razón de porqué esta sólo funcionó en un 31,2 por cien de los que la probaron.
La investigación sobre los efectos de la vacuna RV144 han sido publicados ahora por la revista The New England Journal of Medicine y demuestran que los individuos con niveles elevados de IgG (un tipo de anticuerpo) específica de una región de la cubierta del virus llamada V1V2 tenían menos riesgo de contraer el virus. Por el contrario, los que tenían niveles elevados de IgA, no manifestaron ningún efecto protector tras la vacunación.
Se trata de un descubrimiento importante para el avance en la búsqueda de una vacuna, ya que a pesar del fracaso de la RV144, el hecho de conocer los problemas que presentó en los voluntarios infectados puede ayudar a mejorar esta y otro tipo de vacunas.
Según relata José Alcamí, investigador del Instituto de Salud Carlos III, al diario El Mundo, estamos ante “un abordaje muy interesante y novedoso porque analiza cómo reacciona cada sujeto a la vacuna. Nos ayuda a saber más sobre los marcadores subrogados [los que indican que está funcionando la vacuna] del VIH, sobre los que todavía no sabemos mucho”.
Esperemos que esta nueva investigación pueda suponer un buen paso hacia adelante en un camino corto que nos lleve a la búsqueda de una solución para los afectado, es decir, para todos.
Más de 300 ONG exigen al gobierno reconsiderar los recortes en la respuesta ante el sida y solicitan a Ana Mato una reunión de urgencia para aclarar los presupuestos.
La drástica reducción llega tras el anuncio del pasado mes de enero por parte del Ministerio de Sanidad de su compromiso en mantener el VIH como prioridad.
Tras el anuncio del gobierno español de la reducción, aún por concretar, de las ayudas para la respuesta ante el VIH y sida, plataformas estatales y autonómicas que aúnan más de 300 organizaciones de todo el estado, consideran que los presupuestos que se publicaron ayer representan un paso atrás en la respuesta ante el VIH que conllevará graves consecuencias. Aunque las informaciones todavía son confusas e incluso contradictorias, se da por segura la retirada de las transferencias a las comunidades autónomas y se especula con la posible desaparición del Plan Nacional del Sida. Según Agustín González, representante de FAUDAS, “no podemos entender ni consentir que en un momento como el actual, donde la primera consideración debería ser el mantenimiento del estado de bienestar, la reducción presupuestaria sea tan fuerte en sanidad y educación y en cambio partidas como las de defensa casi no se toquen”.
 Las plataformas estatales del VIH y sida consideran que la decisión tomada por el Gobierno Español es altamente irresponsable, porque irá en detrimento de las acciones para prevenir el VIH, reducir su impacto y proteger los derechos humanos. Igualmente, esta decisión supone una dejación del Gobierno español en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía. Sin duda, esta decisión supone un retroceso de 30 años a la respuesta frente al VIH en nuestro país. Así, de la rueda de prensa que ofreció el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se extrae que el Gobierno habría decidido eliminar la parte del programa de respuesta ante el VIH y sida que hasta ahora gestionaban las comunidades autónomas, manteniendo supuestamente la línea destinada a los programas estatales gestionados por las entidades y organizaciones del ámbito. No queda clara todavía la cuantía que se destinaría a esta línea de acción, que podría cambiar su nombre por “actividades de lucha contra el sida” según algunas fuentes.
Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB, afirma que “siguen sin estar suficientemente claros aspectos como la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida como órgano coordinador de la respuesta frente al VIH, o la cantidad prevista de forma específica para subvenciones a ONG dentro de la partida de tres millones de euros existente para actividades de lucha contra el sida”. Y añade que “el Gobierno debería aclarar públicamente la continuidad de la Secretaría y reflejar claramente en el borrador definitivo de los presupuestos la cantidad destinada para este tipo de subvenciones”.
Según Montse Pineda, presidenta del Comitè 1er de Desembre, “esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente económica sino también política y jurídica puesto que el gobierno español ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional reconocida legalmente para tomar este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, encargada de coordinar las políticas de prevención del VIH en nuestro país y en la que participan diferentes Ministerios, las Comunidades Autónomas y las ONG, tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los diferentes agentes que participan en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los términos reales de la decisión tomada”.
En cualquier caso, la eliminación de estas transferencias económicas a las Comunidades Autónomas pondría en peligro la respuesta frente al VIH en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la subvención de acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, locales o autonómicas, entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban acciones con colectivos a los que el sistema público no llega. Para Jancho Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, esto supone “un golpe durísimo a la atención y prevención del VIH y el sida, puesto que las ONG no podrán a llevar a cabo estas acciones de prevención y muchas de las personas que acuden a esas ONG locales no tendrán donde acudir”. En referencia a las palabras de la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, que se mostraba ayer convencida de que los gobiernos autonómicos seguirán apoyando estas iniciativas, Jancho Barrios ha mostrado también su disconformidad ya que “una parte de los presupuestos con los que las Comunidades Autónomas contaban para ello, provenían de estas transferencias específicas que ahora se eliminarían”.
Esta decisión, por tanto, colocaría en una situación muy vulnerable a las ONG de ámbito autonómico y podría suponer la desaparición del movimiento asociativo del campo del VIH y sida del estado español. Según Montse Pineda se trata de “un ataque a un modelo de participación de la ciudadanía, dirigido a fragilizar la sociedad civil organizada y los derechos de la ciudadanía. Supone un ataque al movimiento asociativo VIH y sida que durante los últimos 30 años ha formado parte del sistema sanitario y social y que ha contribuido a mantener estable la infección por VIH en el estado español, cuyas acciones han sido la puerta de entrada para la intervención con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad a los que el sistema público no puede acceder”.
Para las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida, la decisión unilateral tomada por el Gobierno supondría un claro retroceso en la respuesta frente al VIH, y contradiría claramente los acuerdos internacionales -tanto económicos como políticos- que ha asumido el gobierno español ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas de VIH hacia el ‘Objetivo Cero’: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida”. En este sentido, Marta Pastor, presidenta de FUNSIDA, destaca que “al eliminar las transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de acciones de prevención del VIH, el Gobierno no asume su responsabilidad para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales adoptados, poniendo de parapeto a las comunidades como responsables de no poder cumplir con los objetivos de prevención del VIH”.
Igualmente, esta decisión también supondría una contradicción con las ideas reflejadas en los propios presupuestos a la hora de exponer las estrategias de prevención del VIH, en los que se señala que el esfuerzo combinado de las administraciones públicas debe unirse al refuerzo de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que cuentan con una mayor accesibilidad a determinadas poblaciones vulnerables, especialmente las más cerradas o más excluidas, y que requiere, por lo tanto, un apoyo firme de estas organizaciones por parte de las instituciones”. Según Julio Gómez, presidente de REDVIH, “las consecuencias económicas van a ser mucho mayores y mucho más negativas que el recorte realizado puesto que, por un lado, el VIH es una infección que se puede prevenir -siendo la prevención más rentable que el tratamiento crónico de la infección- y por otro, porque se dejarán de realizar acciones relacionadas con cuestiones de morbimortalidad de las poblaciones más desamparadas, que son obviadas en estos presupuestos. Esto nos hace pensar que a este gobierno no le importa la salud pública y especialmente la salud de los colectivos más desfavorecidos”.
Por todo, ello, las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida solicitan a la ministra de Sanidad una reunión, con carácter de urgencia, para la clarificación de las noticias contradictorias aparecidas, reunión por otra parte, ya solicitada en las pasadas semanas. Además, las organizaciones exigen que se diga claramente en qué partida de los Presupuestos Generales del estado están consignadas, si es el caso, las cantidades de dinero destinadas a la respuesta al VIH, tanto las destinadas a subvencionar las actividades que realizan las ONG como las que necesita el propio Plan Nacional del Sida para su funcionamiento. Así mismo, exigen que en el trámite parlamentario para la aprobación de los presupuestos se consignen dichas cantidades de manera explícita y sin lugar a dudas.
Las plataformas estatales y autonómicas que firman esta nota de prensa son: CALCSICOVA, CESIDA, Comité 1er de Desembre, Coordinadora Gai i Lesbiana, EUSKALSIDA, FAUDAS, Federación Trabajando en Positivo, FELGTB, FEAT, Fundación Triángulo, Fundación Lucía, FUNSIDA y REDVIH.
El impacto de los cambios físicos y, en concreto, la lipodistrofia (pérdida de grasa y acumulación de la misma en zonas concretas del cuerpo debido a un efecto adverso secundario de la medicación y de la propia infección) supone uno de los principales factores de estrés en las personas con VIH e incrementa las situaciones de estigma.
Los pacientes que se encuentran con la necesidad de recurrir a la cirugía reparadora para la lipoatrofia facial pueden acudir al Sistema Nacional de Salud, ya que esta prestación está vigente desde el 1 de enero de 2009, a través del uso tutelado. La Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA) ha realizado un estrecho seguimiento del proceso de implementación de esta prestación en todas las Comunidades Autónomas, tratando de mediar y solucionar las dificultades que han ido surgiendo en el acceso efectivo a la cirugía reparadora en aquellas personas que viven con VIH y precisan de esta técnica para recuperar su fisonomía.
 En el marco de la mesa redonda “Lipodistrofia y discriminación”, moderada por Dña. Udiarraga García Uribe, Presidenta de CESIDA, y subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Plan Nacional sobre el Sida, se presentarán en rueda de prensa los nuevos datos sobre las operaciones de reparación facial en España, y la importancia de implementar esta prestación para erradicar el estigma y la discriminación que aún hoy viven las personas con VIH y Sida.
La rueda de prensa tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de marzo, a las 10:30 horas, en el Centro Cultural Doctor Madrazo (Santander). El acto contará con la presencia de Dña. Mª José Saenz de Buruaga Gómez, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, Dña. Carmen Martín, presidenta de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA; El Dr. Santiago Echevarría Vierna, médico especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Marqués de Valdesilla y D. Juan Manuel del Hoyo, paciente con VIH y lipodistrofia que ofrecerá su testimonio.
Caso:
Un trabajador de empresa privada con contrato de trabajo a termino fijo recibió -conforme lo permite la ley- una carta en la cual le informaban la terminación del contrato por la labor contratada. La persona presentó una acción constitucional de tutela aduciendo vulneración a sus derechos en virtud de estar diagnosticado con el vih.
La empresa presentó su defensa amparada en el concepto de estabilidad laboral el cual solo se aplica solo a la personas con discapacidad y tiene condiciones legales que no se encuentran en este caso.
La Corte Constitucional consideró, entre otros argumentos:
- La estabilidad laboral hace parte del conjunto de principios que informan el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y establecen límites constitucionales a la facultad de configuración del derecho laboral, en atención al carácter social sin que ello constituya una garantía absoluta.
- En los contratos laborales celebrados entre personas de derecho privado, la estabilidad va desde el pago de una indemnización por despido injusto hasta el reintegro laboral, nivel más alto de protección, del que son beneficiarios tres grupos sociales: las personas cobijadas con fuero sindical, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, o en condición de debilidad manifiesta por motivo de enfermedad.
- Las personas que gozan de un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, no pueden ser desvinculadas de su empleo sin autorización previa de la autoridad administrativa o judicial competente. Sin embargo conforme el principio de solidaridad no se agota en la solicitud del permiso ante la autoridad laboral, sino que el empleador está obligado, además, a intentar la reubicación de la persona en un cargo acorde con sus condiciones de salud.
- En el caso de las personas amparadas con el principio de la estabilidad laboral debe aplicarse la presunción de despido discriminatorio (como ocurre con las mujeres embarazadas). Así, establecida la condición de debilidad manifiesta y la ausencia de autorización del Ministerio de la Protección Social, corresponde al empleador demostrar que la terminación de la relación laboral obedeció a una causa justa.
- El concepto de la estabilidad laboral se aplica a toda clase de contratos laborales.
La decisión de la corte:
Ordenó a la empresa privada que, en el término de 24 horas proceda a reintegrar la persona a un cargo de iguales o mejores condiciones que aquél que desempeñaba al momento de la pretendida finalización del vínculo laboral
Pagar salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de la pretendida desvinculación hasta el momento en que se cumplan las órdenes proferidas en la sentencia
Condenó a Comdistral S.A a pagar 180 días de salario a la persona afectada a título sancionatorio, por infringir la prohibición de despido de personas en condición de debilidad manifiesta.
Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años.
Solicitan en una carta remitida a Ana Mato el compromiso económico sostenido y liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).
¿Qué sucedería si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida? ¿O dejara de tener voluntad política para liderar las responsabilidades adquiridas por el Gobierno español a nivel internacional? Las organizaciones del sida españolas tienen clara la respuesta: se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.
Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través de la existencia de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) que, según ha filtrado la prensa en los últimos días, “parece” que no figura ya en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad.
Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Mutisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan “es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año”.
Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH) afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante –indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. “Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la Ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales”, enfatiza Julio Gómez.
También se pide en la misiva que el Gobierno español cumpla con los acuerdos internacionales y europeos firmados para erradicar la pandemia del VIH, atenderla y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. “España se ha comprometido desde hace años en la respuesta mundial al VIH y debe cumplir porque la vida de millones de personas está en juego” comenta Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB). “Existe el compromiso de redoblar los esfuerzos y cumplir con las necesidades de financiación para el VIH a través de una responsabilidad económica nacional e internacional. Si lo que se pretende es intensificar el esfuerzo dirigido a la prevención y el control del VIH, no sería muy lógico que, tomando como argumento la crisis económica, se produjeran recortes -a nivel nacional, autonómico o local- para la prevención, control y abordaje del VIH” dice Poveda.
Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reúnion con la Ministra en próximas fechas. “Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación”, concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.
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