Mañana, 1 de septiembre, entra en vigor la parte del Real Decreto 16/2012 que regula la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Esta medida dejará sin atención médica a aquellas personas que no tengan su documentación en regla o que hayan dejado de tenerla por algún motivo, quedando así sin derecho a una atención sanitaria, salvo los casos de urgencia, los menores de 18 años y las mujeres embarazadas.
La FELGTB ha mostrado a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación LGTB su total rechazo a esta medida, ya que además de los dramas personales que puedan derivarse de ella, puede suponer un serio problema de salud pública en los casos de enfermedades crónicas o transmisibles, como es el VIH.
Según indica el propio Ministerio de Sanidad en el informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH/Sida en España, actualizado a fecha de 30 de junio de 2011, el 56% de los nuevos diagnósticos en las transmisiones sexuales corresponden a Hombres que tiene Sexo con Hombres (HSH) y de ellos el 35,6% corresponden a personas inmigrantes, siendo un 27% de ellos hombres latinoamericanos, suponiendo un aumento claro de los nuevos diagnósticos en HSH.
Los datos mostrados evidencian que la prevención, la atención y el seguimiento de estas personas es fundamental para poner freno a la pandemia del VIH. La alternativa que ofrece el gobierno de que se acojan a convenios especiales, al modo de un seguro privado, es impensable cuando hablamos de población en situación de exclusión o riesgo social y, en cualquier otro caso, hacerse cargo del pago de una medicación que supera los 700€ mensuales es difícilmente asumible, suponiendo un grave peligro para su salud. Además sin un control sobre las personas enfermas y su evolución la posibilidad de que se incremente el número de nuevas infecciones aumenta sustancialmente.
La presidenta de la federación, Boti García Rodrigo argumenta que “toda la ciudadanía sufriremos las medidas de recorte establecidas por el gobierno, pero las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, como un sector vulnerable de la sociedad mostramos especial preocupación en lo relativo a nuestra salud. La exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el Artículo 43 de la Constitución Española, donde se reconoce la protección a la salud ”.
Por su parte, el Coordinador del área de salud de federación, Santiago Redondo afirma que “el daño que se puede hacer en la evolución del VIH en nuestro país no se justifica bajo ningún concepto y tendrá un efecto muy negativo en el control de la enfermedad. Medidas de este tipo no son de ahorro sino de carácter ideológico ya que como indican hasta las sociedades científicas, será más costoso el tratamiento posterior que mantener la atención como se hace en la actualidad”.
