Transexuales en Bolivia podrán cambiar su nombre

Diputados bolivianos han aprobado un proyecto de ley que permitirá a las personas transexuales cambiar el nombre y el género en los documentos oficiales. Así mismo permitirá a los y las transexuales poder casarse como cualquier personas transexual con otra persona de género distinto.

La medida beneficiará también al colectivo en el modo que se paliará la discriminación que sufren por tener una identidad diferente a la que figura en su carné de identidad nacional.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que cambiará para siempre la situación legal de las personas trans en el país sudamericano.

El proyecto de ley de identidad de género todavía tiene que ser aprobado por el Senado antes de ser promulgada por el presidente Evo Moralas.

Ha sido un proceso muy esperado, propuesto por primera vez a través de un proyecto de ley en 2012 por el coordinador nacional del movimiento trans boliviano. Raisa Torriani.

La ley fue respaldada por el viceministro de Justicia de Bolivia Diego Jiménez quién argumentó que la constitución de Bolivia prohíbe todas las formas de discriminación basada en el género o la orientación sexual. Se espera que la norma pase el obstáculo del Senado sin problemas.

No obstante, las personas transexuales tendrán que solicitar un examen psicológico antes de cambiar legalmente su identidad.

La Iglesia católica censuró el proyecto el pasado mes de diciembre afirmando que contraviene principios éticos y representa una falsa solución a los conflictos de identidad sexual.

“Aunque se ampare en la legislación internacional, que considera esa elección de género un tema de derechos humanos, contraviene los principios de la ética y de la moral evangélica”, afirmaba un comunicado leído por Aurelio Pesoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Los Curas sostenían también que la ley estaba inspirada en ideologías foráneas y que era contrario a las culturas nativas del país.

Hasta la implantación de la nueva ley, cambiar de sexo de manera oficial solo podía conseguirse a través de la vía judicial. Un camino que supone un largo proceso y que según datos recopilados por la prensa del país solo han conseguido finalizar seis personas desde 2006.

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