CESIDA apoya las manifestaciones del 15 y 16 de junio por una Europa más social

· Las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y sida en España alertan del riesgo en la salud de la población, especialmente la de los colectivos más vulnerables.

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, apoya las movilizaciones que se realizarán este domingo a favor de una Europa más social y democrática. Carlos Varela, secretario general de CESIDA, afirma que “es fundamental un nuevo Programa de Recuperación Europeo que garantice una sanidad pública universal y gratuita para toda la población. Los recortes en el gasto público y la protección social aumentan las desigualdades y la pobreza, especialmente en los colectivos más vulnerables, por eso animamos a la población a apoyar las movilizaciones”.

Manifestación Europa democracia

CESIDA insiste una vez más en la importancia de reforzar las redes de protección social para atender a las personas que peor lo están pasando, como es el caso de las personas migrantes que se ven expulsadas del sistema sanitario, quedándose sin asistencia sanitaria y siendo especialmente dramática la situación de las personas migrantes con VIH. Carlos Varela insiste en que “no se pueden recortar los derechos de la ciudadanía bajo la excusa de la crisis, ni podemos permitir que se vulneren los derechos humanos de las personas más desprotegidas mientras se rescata a los que han provocado esta crisis”.

Reforma laboral y discriminación por VIH

Una de las políticas que más afectan a las personas con VIH y sida son las que atentan contra el “absentismo laboral” por motivos de salud. Estas medidas, se recogen en la última Reforma Laboral y permiten despedir a un trabajador si falta 9 días, aunque sean de forma intermitente en un período de dos meses consecutivos o, el 25% de días hábiles durante cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses (20 días entre cuatro meses cualquiera). Carlos Varela señala que “lo grave es que no importa que estas ausencias sean por motivos médicos justificados. Esta injusta medida supone, por si misma, un grave atentado hacia la salud de todas las trabajadoras y trabajadores, y una reducción muy importante en los derechos laborales, especialmente en el colectivo de personas con enfermedades crónicas, entre las que se encuentran las personas con VIH ”.

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