· Se estima que en España entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir tratamiento antirretroviral.
· Cuando se deja de tomar la medicación antirretroviral, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que en tan solo un año, se producirían entre 324 y 580 nuevos casos, que se añadirían a los que se producen anualmente en España.
Madrid, 8 de agosto de 2012. CESIDA, advierte de las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva, la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular, el 31 de este mes, afectando a los derechos básicos como es el Derecho de la Salud, generando graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria, en el medio y largo plazo.
Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de la coordinadora CESIDA, señala que “retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario.”
Consecuencias inmediatas de estas medidas
-Las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales.
-Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Otras graves consecuencias tanto a nivel individual como de la sociedad, de no recibir tratamiento antirretroviral ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, son, entre otras:
1 – Incremento de muertes en las personas infectadas por el VIH.
2 – Aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios.
3 – Incremento en la trasmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública.
4 – Aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc.
5 – Mayor posibilidad de trasmisión madre-hijo del VIH.
Por último el gobierno está barajando la posibilidad de cobrar un seguro de salud anual que rondaría los 700 euros y cubriría los gastos de estas personas que en su mayoría no pueden pagar estas cantidades.
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