Comienza la condena a muerte para miles de afectados por el VIH

El primero de septiembre es la fecha marcada en el calendario para el inicio del fin de los días de miles de enfermos de VIH. Desde esa fecha, el gobierno español denegará los tratamientos y cobertura sanitaria a los afectados por esta enfermedad, poniendo en serio riesgo la salud de estas personas así como del resto de la sociedad.

La ONG Gesida, que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España, calcula que los afectados podrían estar entre los 2.700 y los 4.600, para los que la medida es, en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración, el aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prevé.

Pero la situación va inclusive más allá de lo humanitario y social ya que según este organismo eliminar los tratamientos de estas personas acarrearía un coste mucho mayor para las arcas de la Seguridad Social. Entre las consecuencias encontramos “un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado.

Los expertos calculan que habrá en un año entre 324 y 580 casos más en un año debidos directamente a los recortes en los tratamientos.

Los costes directos que supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos el ahorro conseguido con la denegación del tratamiento”. A ello hay que sumar los costes “que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente”.

la ministra de Sanidad, Ana Mato, sugirió hace unos días que las ONG asumiera el tratamiento de estas personas, algo que las organizaciones no ven viable, ya que el manejo de esta compleja infección debe hacerse en hospitales. Por eso Gesida “recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria”

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Alf

Administrador de la página web de noticias LGTB Ensentidocontrario.com

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