Primer crimen de estado contra las personas con cáncer y VIH

Hace tan sólo un día desde que la ministra de sanidad Ana Mato lanzará una serie de declaraciones confusas y a la vez falsas sobre la situación de las personas inmigrantes en situación irregular y su cobertura sanitaria.

Mato indicó en un programa de Radio Nacional de España que las personas “sin papeles” afectados por el VIH y Cáncer podrán seguir sus tratamientos en los centros públicos y hospitales españoles. Algo totalmente falso si nos atenemos a las informaciones que han salido hoy a la luz en las que se demuestra que una enferma de cáncer operada ha sido reclamada para abonar los gastos de su operación.

Pueden ver el programa completo con referencia especial a la noticia a partir del minuto 12 en el siguiente enlace. Como verán ni si quiera la señora Mato se aclara con la atención que van a recibir los inmigrantes en situación irregular. Define al mismo tiempo que ninguna persona se va a quedar sin atención sanitaria mientras indica que van a quedar fuera del sistema sanitario.

A Landi Fan de origen chino le diagnosticaron a finales del año pasado un cáncer que le afectaba tanto al recto como al ovario. Pasó por el quirófano el pasado 15 de febrero en el Hospital General de Alicante. La semana pasada, su pareja, Eduardo Guillamó, recibió una notificación de la Consejería de Sanidad que incluía una factura de 20.797,39 euros por la atención sanitaria prestada.

Landi carece de tarjeta sanitaria y está en situación irregular, a pesar de que su caso fue previo al 31 de agosto, cuando las personas en situación irregular se quedarán sin tarjeta sanitaria, la Generalitat Valenciana ha decidido cobrarle a una persona sin recursos.

A pesar de que Mato asegura que las personas que sufran cáncer o estén afectadas por el vih serán atendidas debidamente, esto podría no ser del todo cierto ya que la ministra pone en manos de las ONG’s la atención primaria de estos pacientes.

Precisamente más de 300 organizaciones que trabajan en la lucha contra el Sida, han denunciado amplios recortes en las ayudas que perciben, por lo cual resultará prácticamente imposible que puedan atender a este tipo de pacientes.

Hemos reunido una serie de cuestiones a las cuales el Ministerio de Sanidad no ha dado respuesta y que dada la cercanía de la entrada en vigor de la norma podrían suponer una crisis sanitaria en España:

¿Quién pagará los costes de los medicamentos contra el vih?
¿Qué pasará con enfermos renales que necesiten diálisis?
¿Que organizaciones atenderán a los enfermos de cáncer? si ninguna de ellas tiene capacidad para ello
¿que pasará con la protección sanitaria en cuanto a las otras enfermedades de transmisión sexual?
¿Cómo van a controlar el colapso de las consultas de urgencias?

Nos encontramos ante un problema que nos afecta a todos, ya no se trata de frenar en seco el turismo sanitario si no de denegar la sanidad pública y universal a los inmigrantes que conviven con nosotros algo que nos afectará a todos los niveles, que creará, sin duda, un aumento de los casos de Sida y un aumento de las desigualdades sociales que sin duda alguna afectará a nuestro modo de vida.

Hablamos de crimen de estado por que esto es un crimen contra todos y cada uno de nosotros, tanto nacionales como inmigrantes cualquiera que sea su situación legal. Es un paso directo hacia la propagación de enfermedades, hacia una fuerte bajada en la calidad de servicios como las urgencias, un atentado directo contra la salud pública con la cual quieren pagar el saqueo que han hecho y continúan haciendo a las arcas públicas.

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